La intervención de la Fiscalía Penal de Cafayate se produjo tras la denuncia de uno de los damnificados contra el Juez de Paz y otras cuatro personas por asociación ilícita y falsificación de documento.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, fue notificada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías de Cafayate, de la elevación a juicio de dos causas conexas.
La primera causa involucra a un hombre de 43 años acusado de usurpación, a un abogado de 61 años imputado por estafa mediante abuso de confianza y a un Juez de Paz de 62 años por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La segunda causa los imputa, junto a un cuarto acusado, un abogado de 47 años, por estafa procesal y falsificación de documentos, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
La denuncia fue interpuesta por dos damnificados, uno de ellos administrador de los bienes de su legítima propietaria, con juicio sucesorio en trámite. El abogado acusado le solicitó a la damnificada que le hiciera entrega de la llave de un inmueble del que se hizo cargo, dada la confianza entre ambos. Posteriormente, el acusado se presentó como el representante legal una mujer mayor de edad, quien, junto a otra persona, ocupó sin autorización de los herederos el inmueble ubicado en barrio Docente.
Por su parte, el hombre de 43 años y una de las mujeres mencionadas pusieron la vivienda a disposición de la otra ocupante desde agosto de 2021 hasta julio de 2022. Todo esto facilitado por el abogado acusado, quien tenía en su poder las llaves de la propiedad. A su vez, el Juez de Paz certificó las firmas de un contrato de comodato, una de las cuales no fue realizada por la administradora de la vivienda, según determinó una pericia caligráfica.
El 2 de febrero de 2024, se dictó el sobreseimiento de las dos mujeres que habían ocupado la vivienda. Esta resolución fue confirmada el 12 de agosto de 2024 por el Tribunal de Impugnación, desvinculándolas de los delitos inicialmente imputados.
Por su parte, la jueza María Virginia Toranzos rechazó el planteo de oposición presentado por el abogado acusado, quien ejerce su propia defensa, y por el Juez de Paz, respecto al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Sandra Rojas. Además, denegó la solicitud de sobreseimiento de ambos imputados y resolvió la elevación a juicio de la causa contra los tres acusados.
En otra resolución, la jueza notificó a la fiscal de Cafayate sobre la elevación a juicio de una segunda causa, en la que se encuentran imputados los tres acusados ante mencionados, y un cuarto imputado , un abogado de 47 años.
Los hechos ocurrieron en 2020, tras una denuncia por usurpación presentada por la misma damnificada contra los cuatro acusados. Según la investigación, estos habrían iniciado un juicio ejecutivo con el objetivo de despojarla del inmueble, simulando la firma de un contrato de comodato falso y ejerciendo la posesión del inmueble de manera fraudulenta.