La acusada le quitó la vida a un gato ahorcándolo. Un turista denunció lo ocurrido y posteriormente se presentó un video en el que se la observa cometiendo el hecho.
El fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal y luego de un acuerdo entre las partes, solicitó para una mujer de 58 años de edad imputada del delito de malos tratos a los animales, reglas de conducta y reparación efectiva del daño causado.
Entre las medidas sustitutivas propuestas por la defensa de la imputada y aceptadas por la Fundación Ajuya en su carácter de querellante, se encuentra el pago de 30 castraciones a gatos en situación de calle en la localidad de Cachi, a cargo de un veterinario designado, y la realización de un curso de concientización y sensibilización dictado por el Observatorio de Derecho Animal.
Cabe destacar que la Asociación Hocicos Fríos Cachi realizará controles del estado de los otros animales a cargo de la imputada, incluyendo medidas de saneamiento y vacunación, y la esterilización de los animales si es necesario, para evitar su reproducción.
Además, se solicitó la creación de un mural de concientización e información sobre los derechos de los animales y su protección jurídica, en una pared designada por la municipalidad de Cachi.
La actuación de la Fiscalía se originó a partir de una exposición radicada en la Comisaría Nº1 de Cachi el pasado 9 de julio por un turista de la provincia de Córdoba. El denunciante, que se encontraba alquilando una cabaña en Paraje Fuerte Alto, manifestó que una vecina habría quitado la vida a un gato por medio de ahorcamiento. El personal policial realizó averiguaciones en el lugar indicado y obtuvo un video de una persona que no quiso identificarse, en el cual se observa el hecho denunciado, identificando a la acusada.
El fiscal Daniel Escalante al imputar a la acusada, explicó que la ley 14.346 protege a los animales como «sujetos de derechos», destacando que su conducta afectó a un ser vivo capaz de sufrir, no a un objeto. Mencionó recientes estudios y jurisprudencias que reconocen a ciertos animales como «personas no humanas», merecedoras de derechos básicos como el de no ser torturados ni maltratados, citando la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que recientemente afirmó que los animales deben ser protegidos.