Recuperan diecisiete teléfonos celulares de un domicilio de Barrio Democracia

Un hombre que sufrió el robo de su teléfono denunció su ubicación tras rastrearlo. Ahora, se investiga para identificar a los propietarios de los otros dispositivos hallados.

La fiscal penal interina 6, Elisa Pérez, investiga un hecho en el que se recuperaron diecisiete teléfonos celulares de una vivienda del Barrio Democracia. 

La actuación de la Fiscalía se activó el 3 de noviembre, luego de que un ciudadano denunciara el robo de su dispositivo móvil durante la madrugada en un local nocturno ubicado sobre avenida Paraguay.

Mediante la función de geolocalización del dispositivo, el denunciante pudo rastrear su teléfono hasta una vivienda específica en el mencionado barrio. 

Con esta información, efectivos policiales se dirigieron al lugar junto al damnificado. Al arribar, el propietario de la casa permitió a los agentes realizar una inspección voluntaria del domicilio.

Durante la requisa, uno de los oficiales encontró en el patio trasero una bolsa de papel bajo una lona. Al revisar su contenido, hallaron diecisiete teléfonos celulares de diversas marcas y modelos, uno de los cuales fue identificado por el denunciante como suyo, gracias a las características y al número de IMEI grabado en el dispositivo.

Tras el hallazgo, la fiscal Elisa Pérez ordenó el secuestro de los dispositivos y la realización de un exhaustivo relevamiento en la zona para determinar la propiedad de los demás teléfonos y evaluar la responsabilidad de los residentes de la vivienda.

La investigación se realiza de manera conjunta con la Fiscalía Penal 3, debido a la jurisdicción en la que ocurrió el presunto hurto inicial.

Barrio Democracia: Imputado y detenido por violencia de género

El hombre ya había sido notificado respecto a medidas de protección previas hacia la víctima. Durante la audiencia de imputación llevada adelante por la fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, el acusado se negó a declarar y quedó detenido.

La fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, imputó provisionalmente a un hombre de 46 años por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves, agravadas por la relación de pareja previa y por constituir violencia de género, amenazas agravadas por el uso de armas y desobediencia judicial.

El hecho se produjo el 7 de marzo, a las 8:50, aproximadamente, cuando la víctima regresaba a su domicilio en barrio Democracia, donde se encontraba el acusado. Tras haberse generado una discusión entre ambos, el hombre habría sacado un cuchillo tipo sierrita, provocándole lesiones en la zona del cuello a su ex pareja, la que logró salir corriendo.

Tras ello, el imputado habría proferido amenazas, diciéndole que iba a matar a sus dos hijos y luego se iba a suicidar, mientras sostenía en sus manos una tijera. La víctima, finalmente, logró escapar.

Conforme surge de las actuaciones, el acusado ya habría sido notificado de medidas de protección previas hacia la víctima, en diciembre de 2019, habiendo sido legal y debidamente notificado.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y permanece detenido.

Barrio Democracia: Detenido por lesionar a su expareja

La fiscal penal 4 de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez, investiga la agresión sufrida por una mujer durante las primeras horas de este lunes en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Por el hecho se detuvo a su expareja como principal sospechoso.

La mujer resultó lesionada en la zona del cuello con un arma blanca, por lo que debió ser trasladada al hospital San Bernardo, donde permanece internada con pronóstico reservado.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, se solicitó la detención de quien fuera su esposo como principal sospechoso y desde la Fiscalía se adelantó que será imputado en las próximas horas.

Detenido por apuñalar a un hombre en barrio Democracia

Un joven de 18 años fue detenido y será imputado por un hecho ocurrido en la zona Sudeste de la ciudad. Allí, tras una disputa con otro hombre, lo lesionó con un cuchillo en la zona del tórax, poniendo en riesgo su vida.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, imputará hoy a Joaquín Alan Velarde por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Cristian Fernando Olivarri de 20 años.

El hecho ocurrió el fin de semana en barrio Democracia, cuando el acusado mantuvo una discusión con la víctima y lo lesionó con un cuchillo en la zona del tórax.

La víctima fue asistida por la lesión en la zona vital y quedó en observación, mientras que el acusado fue detenido en forma posterior y será imputado en las próximas horas.

Escapó de la comisaría tras violento robo: Buscan a Franco Burgos

El hombre fue demorado tras ser señalado por el robo a un adolescente y se le secuestraron dos celulares. En la comisaría, agredió a un policía antes de huir, el cual debió ser asistido en una clínica.

La fiscal penal interina de la Fiscalía Penal N° 6, Elisa Pérez, informó que se intensifican los esfuerzos para localizar a Franco Burgos, quien escapó mientras estaba demorado en la comisaría. Burgos es señalado como uno de los autores de un robo violento a un menor de 15 años ocurrido en calle Felipe Varela.

El hecho fue denunciado en el día de hoy, por la hermana de la víctima, quien relató que el adolescente fue sorprendido por dos individuos mientras se dirigía a la parada de colectivo ubicada en la avenida mencionada. Los agresores le exigieron entregar un bolso con pertenencias y dinero. Tras intimidarlo, huyeron del lugar con el bolso.

Uno de los acusados es Franco Burgos, residente del barrio Democracia y con antecedentes policiales, quien además se encontraba en prisión domiciliaria. En el momento de su detención, se le secuestraron dos teléfonos celulares.

Estando en la base del Sector y aprovechando que el personal de guardia estaba realizando los tramites para su traslado, el hombre logró escapar luego de agredir al oficial. Pese a la persecusión policial, el acusado fue asistido en su huida por un motociclista que lo ayudo a huir del lugar. El agente policial debió ser asistido en una clínica privada.

La fiscal Elisa Pérez informó que las fuerzas de seguridad continúan con el operativo de búsqueda para la pronta recaptura de Franco Burgos. Además, solicitó la colaboración de la comunidad para que, ante cualquier dato relevante, se comunique con la comisaría más cercana o al Servicio de Emergencias 911.

Dos policías fueron condenados por violencia institucional

Son dos suboficiales de la Policía de la Provincia con revista en la Dirección de Seguridad Urbana. Uno de ellos fue juzgado por dos hechos de violencia institucional ocurridos en la zona sudeste de la ciudad de Salta y el otro sargento ayudante por uno de ellos, ocurrido en 2020.

La Fiscal Penal de Derechos Humanos representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un sargento ayudante de la Policía de la Provincia como autor del delito de vejaciones calificadas y falsedad ideológica por un hecho ocurrido en mayo de 2019 y como coautor del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia en concurso ideal con lesiones leves, junto a otro efectivo de la misma jerarquía por un hecho ocurrido en junio de 2020.

El hecho de mayo de 2019 ocurrió en barrio Primera Junta de la ciudad de Salta, cuando el sargento ayudante acusado, quien revistaba en la Dirección de Seguridad Urbana, llegó en un móvil policial a un domicilio y con exceso de sus funciones, acometió en contra de la integridad física de un hombre, quien sufrió múltiples lesiones.

La lesión más grave fue constatada en el ojo derecho, por la cual la víctima sufrió un debilitamiento permanente del sentido de la vista a partir de lesiones por impactos de proyectiles.

Este efectivo, a su vez, denunció hechos falsos en relación al hecho, al expresar que la víctima tenía dos cuchillos, lo que no concuerda con la versión de los testigos presenciales, por lo que insertó en un documento público, declaraciones falsas.

En el hecho de junio de 2020, este efectivo, junto a otro de la misma jerarquía, con el que revistaban en la Dirección de Seguridad Urbana, llegaron a un domicilio de barrio Solidaridad, y allí, ambos acometieron contra un hombre, tomándolo del cuello, lo tiraron al piso, lo esposaron y golpearon hasta subirlo al móvil. Una vez allí, lo acostaron en el piso del vehículo y lo pisaron en distintas partes del cuerpo.

El damnificado relató que luego fue trasladado a la Comisaría de barrio Democracia, donde también lo golpearon. Indicó que otro efectivo salió con una picana y lo hizo arrodillar para picanearlo en el costado derecho del abdomen. Tras esto, le tiraron gas pimienta en la cara y le pusieron un balde en la cabeza, para golpearlo en los glúteos con un palo, mientras intentaban bajarle el pantalón.

Luego de trasladarlo al Hospital San Bernardo para la revisión médica, fue llevado al Centro de Contraventores, donde los policías hicieron que peleara con un hombre detenido y en estado de ebriedad.

En el veredicto, el juez Leonardo Feans, condenó al efectivo policial vinculado a los dos hechos, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta por ese término e inhabilitación laboral por 6 años, mientras que el otro sargento ayudante fue condenado a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta por ese término y 2 años de inhabilitación laboral.

Acusado de sustraer el espejo de una moto huyó y fue encontrado entre los pastizales

La propietaria había dejado su vehículo en la vereda de la vivienda. Fue advertida del robo por parte de un vecino y luego logró ubicar al individuo.

La fiscal penal 6 subrogante, Analía Adet Figueroa, solicitó ante el Juzgado de Garantías 2 la prisión preventiva de un hombre de 24 años, imputado por el delito de robo simple.

La actuación de la Fiscalía se inició a raíz de la denuncia realizada por una vecina del barrio Democracia. Según el relato de la denunciante, el día 9 de mayo, en horas de la tarde, dejó estacionado su motovehículo en la vereda de su domicilio mientras ingresaba por un momento. Al salir de su casa, un vecino la alertó, indicándole que un individuo había forcejeado con su motocicleta y le había sustraído el espejo retrovisor izquierdo. 

La denunciante se asomó rápidamente a la vereda y pudo observar al acusado, a quien identificó como residente en la zona, huyendo velozmente a pie, por lo que no pudo darle alcance en ese momento.

Posteriormente, la damnificada salió en su rodado y lo encontró en el barrio 115 viviendas, donde le pidió que le devolviera su pertenencia pero este negó el hecho y la amenazó haciendo que la mujer desista y se retire.

Posteriormente la denunciante salió nuevamente en busca del acusado y logró ubicarlo en las canchas de barrio San Benito. Su pareja alertó al personal policial y, cuando llegaron estos, el individuo escapó, pero fue encontrado escondido entre los pastizales. A pesar de su detención, no se pudo recuperar el elemento sustraído.

La fiscal Adet Figueroa expuso los motivos por los cuales consideró necesaria la continuación de la medida cautelar ordenada contra el acusado, entre los que se encuentran la peligrosidad procesal, el peligro de entorpecimiento, la posibilidad de fuga y la conducta evasiva hacia los mandatos de la justicia en causas anteriores. Estos argumentos se basan en la necesidad de propiciar el descubrimiento de la verdad y la efectiva aplicación de la ley, de acuerdo con la normativa procesal vigente que autoriza el dictado de medidas cautelares en casos particulares donde la liberación del encausado pueda poner en riesgo la efectiva aplicación de la justicia.

Intenso operativo de búsqueda de un hombre de 22 años

El joven hombre se ausentó la noche del pasado domingo para ir a bailar, según le había manifestado a su madre.

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre identificado como Gustavo Daniel Gonzales, de 22 años.

El hombre, quien reside en una vivienda de barrio Democracia, fue visto por última vez por su madre, con quien convive, la noche del pasado 1 de octubre, cuando se retiraba del domicilio para ir a bailar.

La denuncia fue radicada este martes 3 de octubre por la madre del joven, quien dio a conocer que su hijo es adicto a sustancias estupefacientes, que no posee teléfono celular y desconoce si llevaba dinero.

Apenas tomó conocimiento de la novedad, la fiscal Adet Figueroa dispuso una serie de medidas para dar con el paradero del hombre de 22 años, entre las que se cuentan relevamiento de cámaras públicas y privadas, se dé intervención al Grupo Investigativo GIUR10, se consulte a diferentes dependencias, como así  también exploración de redes sociales y consulta a la empresa de transporte público SAETA.

Gustavo Daniel Gonzales mide 1.75 mts., tiene tez morena, es de contextura robusta y cabello corto negro. Al momento de ausentarse del domicilio, vestía remera blanca con detalles en negro, bermuda de jeans color gris, zapatillas beige y campera rompeviento negra.

Se solicita a la comunidad que quien pudiera aportar datos ciertos sobre su paradero, se dirija a la dependencia policial más próxima o se comunique al Sistema de Emergencias 911, o a los teléfonos 4351548/4350219 de Comisaría 2da, de barrio Santa Cecilia.

La descripción de las víctimas permitió la detención de un abusador sexual serial

Fue imputado por distintos delitos en perjuicio de doce niñas y adolescentes, que fueron abordadas por el acusado en su motocicleta. Varios de los ataques se produjeron en cercanías a establecimientos escolares.

El fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 4, Pablo Rivero, imputó a un hombre por los delitos de abuso sexual simple (5 hechos); abuso sexual con acceso carnal (2 hechos); exhibiciones obscenas agravadas por ser cometida en perjuicio de una menor de 18 años de edad (5 hechos); rapto en grado de tentativa; rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años (dos hechos); rapto agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de 16 años en grado de tentativa; todo en concurso real, en perjuicio de 12 menores de edad.

La intervención de UDIS 4 inició el 28 de junio de 2023 con la denuncia de una mujer que manifestó que ese día su hija había llevado a su hermana de 4 años a la escuela. Al regresar, fue abordada por un hombre de 1,70 m de estatura, contextura robusta, tez morena, color de ojos marrones, quien vestía jean blanco, campera con capucha roja y en su parte trasera de color beige, quien se encontraba en una motocicleta color roja de gran porte usando un casco también de color rojo.

El hombre comenzó a hablar con la menor de edad hasta ofrecerle conducirla hasta su domicilio, a lo que la adolescente accedió. Aseguró que, cerca del “Loteo Las Marías”, el denunciado detuvo la marcha, la arrojó al suelo y la sometió a tocamientos, logrando la víctima escapar.

El 16 de agosto de 2022, otra mujer denunció que su hija de 13 años había sido abordada y acorralada en inmediaciones a los departamentos de Parque La Vega por un hombre bajo idéntica descripción que la brindada en la denuncia anterior. En octubre y diciembre de 2022, también habían ingresado denuncias  por tocamientos a dos menores de edad. El denunciado reunía las mismas características y también se movilizaba en motocicleta.

En tanto, el 20 de marzo de 2023, la madre de una menor de 13 años denunció que a la salida de la escuela en barrio Democracia, su hija fue abordada por un hombre, obligada a subir a su motocicleta roja y abusada sexualmente en un descampado.

Además, se presentaron denuncias de seis casos que siguieron un patrón de actuación similar.

El fiscal Rivero solicitó acceso a las cámaras de seguridad de los lugares en los que sucedieron los distintos hechos denunciados y, con el aporte de las descripciones de las víctimas, se logró identificar al agresor, que fue detenido por la Brigada de Investigaciones. Fueron secuestradas la motocicleta, el casco y las ropas, que coinciden con las descriptas por las víctimas.

El agresor se encuentra detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

 

Por una denuncia web, detuvieron a dos hermanos con 1500 dosis de paco, marihuana y un arma calibre 22

Vecinos de Cerrillos denunciaron, de manera anónima, que un hombre comercializaba drogas en el barrio Nuestra Señora del Huerto. La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad realizó una investigación que culminó el sábado con la detención de dos hombres. Interviene investigó fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, imputó provisionalmente a dos hermanos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y, a uno de ellos, además, por portación de arma de fuego de uso civil.

Al ser allanados los domicilios de los detenidos, fueron secuestrados el equivalente a casi 1500 dosis de paco, 40 cigarrillos de marihuana y $ 141.380, balanzas grameras, coladores y otros elementos relacionados al fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes. En la vivienda de uno de ellos, los agentes encontraron un arma calibre 22, nueve proyectiles y dos vainas servidas.

La investigación de UFINAR inició por el ingreso de una denuncia a través de la web https://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/ en la que se aseguraba que uno de los detenidos vendía drogas en el Barrio Nuestra Señora del Huerto de Cerrillos.

A lo largo de los meses, investigadores documentaron la presencia de distintas personas que intercambiaban “paquetitos” por dinero, con el acusado. En distintas oportunidades, tras presenciar el intercambio, los efectivos siguieron y demoraron a compradores, secuestrándoles sustancia. Al practicar el Narcotest dieron como resultado positivo para cocaína y sus derivados.

Además, se pudo establecer que un hermano del denunciado, con domicilio en barrio Democracia, también desarrollaba la misma actividad.

Reunidos distintos elementos de prueba, López Soto solicitó una orden de allanamiento en ambos domicilios, medida que se desarrolló el sábado pasado.

Al llegar los efectivos a la vivienda del barrio Nuestra Señora del Huerto de Cerrillos, encontraron a uno de los investigados, pero no a su hermano ni su vehículo, por lo que solicitaron colaboración a los controles vehiculares. A las 21:30, el hombre fue demorado en Ruta Provincial 23 a la altura del Badén y trasladado al domicilio donde se realizaba el allanamiento.

En Cerrillos fueron secuestrados paquetes de sustancia vegetal y blanquecina, una balanza gramera, celulares y $27.890. Al realizar el test correspondiente arrojo positivo para marihuana y cocaína.

En el barrio Democracia, secuestraron, desde el interior de un placard, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma granulada tipo bocha; un envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta en forma compacta tipo terrón; cinco coladores metálicos, dos cuchillos metálicos y tres cepillos de dientes,  con restos de sustancia amarillenta; tres balanzas grameras, una tijera, bolsas de polietleno color rosa, varios, recortes de polietileno, la suma de $ 113.490, un arma calibre 22 short, nueve proyectiles calibre 22, dos vainas servidas.

Terminada la requisa, realizaron el Narcotest sobre la sustancia secuestrada con resultado positivo para Cocaína.

En total, en las dos viviendas fueron secuestrados el equivalente a 40 cigarrillos de marihuana y casi 1500 dosis de paco. Por ello, se ordenó la detención de los dos hombres, que fueron trasladados a la Alcaldía General de la Provincia y luego imputados.

Se busca a un hombre que desapareció el pasado 10 de marzo

El fiscal penal 6, Pablo Paz, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Adrián Julián Molina, de 35 años.

El joven falta a su hogar desde el pasado 10 de marzo, donde convive con su madre, en Barrio Democracia.

El operativo está a cargo del Grupo Investigativo del Sector 6A, dirigido por la Fiscalía Penal 6, conforme al protocolo de búsqueda de personas extraviadas.

Adrián Julián Molina, quien habría salido de la vivienda con la decisión de regresar a Buenos Aires y tiene antecedentes de consumo de sustancias, responde a las siguientes características fisonómicas: contextura delgada, cabello negro hasta los hombros, tez trigueña y tiene un tatuaje en una de sus piernas y en el vientre.

Al momento de su desaparición, Adrián Molina vestía pantalón vaquero corto, de color celeste, buzo blanco y tapado verde oscuro.

Se solicita a la comunidad que quien pudiera aportar datos ciertos sobre su paradero, se dirija a la dependencia policial más próxima o se comunique al Sistema de Emergencias 911 o al Registro Provincial de Personas Extraviadas 3874150111, o a la dirección de correo electrónico: registropersonasextraviadas@salta.gov.ar.

Piden el juicio contra una policía de Infantería por lesionar a dos mujeres

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a la agente Malena del Luján Erazo como imputada por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal (dos hechos), todo en concurso real y en calidad de autora.

La fiscala también requirió el sobreseimiento de los efectivos Guillermo Esteban Rodríguez y Claudio Oscar López, al no haber pruebas que permitan sostener que tuvieron una activa participación en los hechos denunciados.

Del requerimiento surgió que el 23 de noviembre de 2019, cerca de las 22:30, cuando la denunciante estaba afuera de su domicilio ubicado en barrio Democracia, con la intención de defender a su hijo que era golpeado por vecinos, llegó el personal policial de la División Infantería, a bordo del móvil 1846.

Entre los tres efectivos, estaba la agente Erazo, quien desempeñó un acto de servicio y con exceso de sus funciones, acometió en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija de 16 años, al abalanzarse sobre la primera para golpearla con su cachiporra en distintas partes del cuerpo y tomar a la menor del pelo para tirarla contra el móvil policial.

Por lo relatado, ambas mujeres sufrieron lesiones que fueron constatadas por el Gabinete de Medicina Legal del CIF.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que la acusada, mientras cumplía un acto de servicio, desplegó conductas que dañaron la integridad física de la denunciante y de su hija, quienes fueron brutalmente agredidas por la imputada que excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”.

Las lesiones constatadas en ambas mujeres, permiten sostener que la conducta desplegada por Erazo, afectó su dignidad e integridad.

Además, el sufrimiento infligido, sin lugar a dudas configuró un trato denigratorio y humillante, que tuvo por fin mortificarlas.

Policías lo golpearon brutalmente y le perforaron el intestino

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves, en concurso ideal.

Las imputaciones recayeron sobre el suboficial mayor Marcos Andrés Singh, el sargento ayudante Cristian Heriberto Guanca y el agente Darío Alejandro Delgado.

Del requerimiento se desprendió que el 15 de marzo de 2019, cerca de las 13, los efectivos policiales patrullaban a bordo del móvil a cargo del suboficial mayor Marcos Singh por inmediaciones de barrio Boulogne Sur Mer de la zona sudeste de la ciudad de Salta, e interceptaron a la víctima, quien estaba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante tal circunstancia, los efectivos lo subieron de forma violenta al móvil policial y lo trasladaron al Sector 6 A de barrio Democracia, donde una vez allí, lo golpearon brutalmente y le causaron lesiones graves.

Tales actos constituyeron un claro exceso en el uso de la fuerza por parte de los acusados, pues al encontrarse la víctima en estado de ebriedad, sus posibilidades de defensa, sumado a la superioridad en número de los efectivos policiales que acometieron contra su integridad física, resultaron de tal magnitud que le causaron una perforación en el intestino delgado y que por dicho cuadro, corrió riesgo de vida, conforme lo sostenido en el informe médico realizado por el CIF.

Las lesiones resultaron además compatibles con las manifestaciones de la víctima y de un testigo que estaba detenido el día de los hechos, quien pudo observar como la víctima fue brutalmente golpeada por los efectivos policiales; además de otros testimonios.

En sus fundamentos, la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que los imputados, en ejercicio de la función policial, propinaron golpes al denunciante, lo que resultó reprochable penalmente, ya que son los funcionarios policiales quienes deben velar por la seguridad de los ciudadanos.

Además, conforme surge del reglamento policial para el uso de la fuerza pública, su uso se encuentra regido por una serie principios; entre ellos, la “racionalidad”, por lo que debe estar justificado por circunstancias específicas y acordes a la situación, por lo que a todas luces resulta irrazonable la golpiza propinada a una persona que habría cometido una contravención.

Lo golpearon y picanearon, le arrojaron gas pimienta y lo obligaron a pelear con otro detenido

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías interviniente, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales de la División de Seguridad Urbana, acusados de los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves, todo en concurso ideal y en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre los sargentos Mario Milton Balanza Chauque, de 38 años; Hugo Antonio Morato; de 41; y Fabiana Andrea Marín, de 34.

Del requerimiento surgió que el 20 de junio de 2020, cerca de las 13, la víctima estaba en la vereda de su vivienda, de barrio Solidaridad, junto a su padre, quien en un momento dado, lo insultó por tener una cerveza en la mano y llamó a un móvil policial, que estaba en la esquina.

Tras esto, los efectivos policiales llegaron hasta la vivienda, agarraron al hijo del cuello, lo tiraron al piso, lo esposaron y golpearon hasta subirlo al móvil. Una vez allí, lo acostaron en el piso del vehículo y lo pisaron en distintas partes del cuerpo.

La madre de la víctima, quien declaró como testigo, quiso intervenir y también sufrió empujones y maltratos por parte de los acusados.

El denunciante relató que luego, fue trasladado a la Comisaría de barrio Democracia, donde también lo golpearon. Indicó que otro efectivo salió con una picana y lo hizo arrodillar para picanearlo en el costado derecho del abdomen. Tras esto, le tiraron gas pimienta en la cara y le pusieron un balde en la cabeza, para golpearlo en los glúteos con un palo, mientras intentaban bajarle el pantalón.

Luego de trasladarlo al Hospital San Bernardo para la revisión médica, fue llevado al Centro de Contraventores, donde los policías hicieron que peleara con un hombre detenido y en estado de ebriedad.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke, sostuvo que los hechos denunciados guardan correlación con los certificados médicos incorporados al legajo de investigación, de donde surgió que el damnificado fue examinado por el médico legal, quien diagnosticó que la víctima presentaba equimosis y excoriación en región frontal, inflamación e hinchazón en labio superior con excoriación en mucosa yugal, inflamación en labio inferior, equimosis varias en región torácica y excoriaciones costrosas en rodilla izquierda.

Además, la autoría de los imputados fue corroborada por la madre del testigo, quien al ver que su hijo era agredido por personal policial, se subió al móvil y les pidió que dejaran de golpearlo.

Condenaron al chofer de SAETA que causó un siniestro vial

Ramón Nicolás Cansino fue condenado por el homicidio culposo de César Braulio Arias, a quien embistió con una unidad de transporte en barrio Democracia en junio de 2018. Fue inhabilitado para conducir vehículos automotores por el término de cinco años.

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, condenó este jueves a Ramón Nicolás Cansino a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y en el mismo fallo, fue inhabilitado por el término de cinco años para la conducción de vehículos automotores.

Se le impusieron reglas de conducta y se dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Representó al Ministerio Público, la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio.

Juzgan a un chofer de SAETA por homicidio culposo

Ramón Nicolás Cansino es juzgado por el homicidio culposo de César Braulio Arias, a quien embistió con una unidad de transporte en barrio Democracia en junio de 2018. Este jueves se llevarán a cabo los alegatos de las partes.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público ante el Juzgado de Garantías 2 en la audiencia de debate contra Ramón Nicolás Cansino por el delito de homicidio culposo calificado en perjuicio de César Braulio Arias.

El hecho ocurrió en junio de 2018 en la intersección de las calles Pellicer y Mansilla de barrio Democracia de la ciudad de Salta, cuando una unidad de transporte del Corredor 7 C, embistió a una motocicleta y el conductor del rodado de menor porte resultó gravemente herido y falleció luego.

Finalizada la ronda de testimoniales, este jueves se llevarán a cabo los alegatos de las partes y se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.

Investigan el robo armado a un supermercado

El fiscal penal de Unicroh, Pablo Rivero, investiga el robo armado del local de Supermercado Día, ubicado sobre ruta provincial 26.

De informes policiales se desprende que el pasado lunes 13 de abril, aproximadamente a las 16.30, cuatro hombres con vestimenta oscura ingresaron al local con armas de fuego y sustrajeron mercadería y el dinero de dos cajas registradoras.

Según consta en los informes, los asaltantes además violentaron el gabinete del sistema centralizado de televisión y escaparon a bordo de dos motos de alta cilindrada, una blanca y otra negra, con dirección a barrio Democracia, en la zona sudeste de la capital.

En su declaración, el encargado del supermercado dijo desconocer el total de los elementos sustraídos y estimó un valor aproximado de $35.000.

En el caso intervienen personal del GIS 6 y de la División de Robos y Hurtos.

Caso Gallardo: imputan a un quinto policía

El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, amplió la imputación contra el oficial subayudante Elio Maximiliano Moya, con revista en el Sector 6 A, de barrio Democracia, por el delito de falsedad ideológica en concurso ideal con el delito de encubrimiento agravado.

Cristian Exequiel Gallardo

De los distintos elementos colectados durante la investigación, el fiscal Torres Rubelt pudo establecer que Elio Maximiliano Moya, de 27 años, prestaba servicios en la dependencia policial de barrio Democracia cuando Cristian Exequiel Gallardo fue llevado por el personal policial del DSU, hecho que concluyó con la muerte del joven.

Según consta en el decreto de ampliación, Moya habría insertado en el informe que daba cuenta de lo sucedido declaraciones falsas para ocultar las circunstancias certeras de tiempo, modo y lugar, por lo que alteró las pruebas y perjudicó la administración de justicia.

Cristian Exequiel Gallardo, de 23 años, murió el 26 de agosto pasado, en jurisdicción de la Comisaría 10. Falleció cuando era trasladado por personal policial tras haber sido demorado.

La intervención de la Fiscalía se produjo a partir del inicio de las actuaciones que se originaron en esa dependencia, cuando empezó a investigar a los policías Ricardo Llaves, Jorge Olea, Ricardo López y Lucas Ozuna, quienes intervinieron en la detención del joven. Fueron inicialmente imputados por el delito de homicidio culposo.
El 23 de septiembre de 2019 el fiscal amplió la imputación por el delito de severidades agravadas en contra de los mismos policías.

Madre e hijo condenados por vender drogas

Claudia Alejandra Quinteros y su hijo, Lautaro Leonel Herrera, fueron llevados a juicio junto a otras ocho personas por la comercialización de estupefacientes que hacían en barrio Democracia, en inmediaciones del playón deportivo. Otro hijo de la principal imputada, menor al momento de los hechos, fue declarado responsable penalmente.

La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Claudia Alejandra Quinteros, Enzo Rodrigo Flores Rossi, Jorge Nelson Bizama, Hugo David Colque, Marcelo Guillermo Colque, Ivana Inés Colque y Lautaro Leonel Herrera por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización triplemente agravado por cometerse en inmediaciones de un establecimiento deportivo, por la participación de menores de edad y por la participación organizada de tres o más personas y contra 2 menores de edad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado.

La investigación se inició a partir de numerosas denuncias web que indicaban que Claudia Alejandra Quinteros comercializaba estupefacientes en inmediaciones del playón deportivo de barrio Democracia en compañía de sus dos hijos, uno menor de edad, y que trabajaba en forma organizada con otros jóvenes en calidad de “soldaditos”.

De las tareas de investigación e inteligencia se logró reunir los elementos de convicción necesarios y se realizaron allanamientos y detención de 10 personas involucradas en la actividad ilícita, entre ellas 3 menores de edad.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, quien condenó a Claudia Alejandra Quinteros a la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva y al pago de una multa y a su hijo, Lautaro Leonel Herrera a la pena de 6 años de prisión y al pago de una multa por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social

Marcelo Guillermo Colque fue condenado a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes y deberá cumplir reglas de conducta con apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.

Jorge Nelson Bizama, Ivana Inés Colque, Hugo David Colque y Enzo Rodrigo Flores Rossi fueron absueltos por el beneficio de la duda del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social.

Y dos de los menores fueron declarados penalmente responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de menores de edad, por la participación de tres o más personas y por ser cometido en las inmediaciones de una institución deportiva y social. Cabe destacar que uno de los menores es el otro hijo de la principal imputada.