Hoy testifican ocho personas. Ayer, Raúl Dante Argañaraz declaró que, cuando se cometieron los ilícitos, él ya no formaba parte de ADP.
Desde las 9 de la mañana, en la Sala 6 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, a cargo del juez José Luis Riera, se desarrolla la segunda jornada de audiencia contra Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, extesorera, imputadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos) en calidad de coautoras. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi están acusados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas. Hoy se espera el testimonio de ocho personas.
En la primera audiencia del juicio, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, mantuvo la acusación contra los imputados por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas. Raúl Dante Argañaraz optó por prestar declaración, afirmando que, al momento en que se cometieron los hechos delictivos, él ya no tenía vínculo con la ADP.
La Fiscalía sostiene que los acusados emplearon diversos mecanismos administrativos para desviar fondos de la organización. Entre las maniobras denunciadas, se encuentran la emisión de facturas y documentos falsificados, utilizados para justificar pagos y desvíos de dinero hacia fines personales. Las investigaciones de la UDEC, apoyadas en auditorías internas y del Gabinete de Delitos Económicos Complejos, revelaron que estos fondos se habrían destinado a compras y gastos ajenos a la actividad gremial, tales como viajes, adquisición de vehículos y otros gastos personales.
Según los investigadores, Patricia Argañaraz, en su rol de secretaria general, tenía el control sobre la administración de los recursos y autorizaba los gastos cuestionados, decidiendo la asignación de fondos hacia cuentas personales. Ana María Cerezo, como secretaria adjunta, habría sido su principal colaboradora en estas operaciones, poniendo su firma en varios de los documentos que validaban los pagos y transferencias. Raúl Argañaraz, familiar de la exsecretaria general, habría participado gestionando los documentos falsos y manipulando informes financieros para encubrir los desvíos. Por su parte, Nicolás Zissi actuaba como intermediario en la aprobación de cuentas y transacciones sospechosas, respaldando los gastos mediante documentación apócrifa.
