Se trata de un hombre a quien se le amplió la imputación por desobedecer las medidas judiciales de protección a la víctima al contactarla mediante videollamada. Su expareja lo acusa de haberla agredido físicamente.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, se pronunció en contra de otorgar la libertad al acusado Julio Andrés Áspera, quien enfrenta graves imputaciones por delitos en perjuicio de su expareja A través de una presentación formal ante la Jueza de Garantías N° 8, Claudia Puertas, la Fiscalía detalló los motivos que fundamentan su postura y las razones por las cuales considera que la liberación del acusado podría representar un serio riesgo tanto para la investigación como para la integridad de la víctima.
El acusado e encuentra imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja y el género, así como desobediencia judicial en dos oportunidades. Los hechos, de suma gravedad, han sido enmarcados en un contexto de violencia de género, conforme a lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la Ley N° 26.485.
En su oposición a la solicitud de libertad con medidas sustitutivas presentada por la defensa del acusado, la Fiscalía reiteró que la peligrosidad procesal emergente radica tanto en el peligro de fuga como en el potencial entorpecimiento de la investigación, aspectos que fueron la base de la solicitud de detención formulada el 19 y y reiterada el 24 de septiembre de 2024.
El fiscal Escalante sostuvo que la liberación del acusado, podría derivar en una interferencia directa con la investigación ya que hasta la fecha, no se ha logrado recabar la totalidad de las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. En particular, aún restan testimonios clave de personas involucradas en los eventos investigados, cuyo aporte podría ser fundamental para el desarrollo del caso. La posibilidad de que el imputado pueda influenciar o amedrentar a estas personas si recuperara la libertad, aumenta considerablemente el riesgo de que dichas pruebas no puedan ser obtenidas en condiciones adecuadas.
Las actuaciones fiscales se originaron tras la denuncia de la mujer, quien relató haber sido agredida físicamente, encerrada y rociada con alcohol tras un golpe que la dejó inconsciente. Además, informó que el acusado poseía armas de fuego y objetos peligrosos sin la debida autorización, lo que motivó al fiscal a ordenar allanamientos para su incautación ya que se pudo comprobar que no contaba con el permiso de portación correspondiente.
A esta situación se suma la actitud de desobediencia judicial previamente demostrada por el imputado quien, a pesar de tener prohibido todo tipo de contacto con la víctima, ha continuado violando las medidas impuestas. Esta conducta se puso de manifiesto el 21 de septiembre pasado, donde se comprobó que el acusado se comunicó con la víctima a través de un teléfono móvil de su propiedad. Dicho incidente fue el motivo para la ampliación de la imputación, que incluye ahora también la desobediencia reiterada a las órdenes judiciales.
La Fiscalía destacó que cualquier análisis sobre la situación debe realizarse considerando el contexto de violencia de género en el que se desarrollaron los hechos, presentándomelos como parte de los fundamentos, una evaluación profesional en la cual se hace referencia a la personalidad y el comportamiento del imputado quien presenta una marcada dificultad para respetar normas de convivencia social y una tendencia a transgredir la autoridad judicial sin considerar las consecuencias de sus actos. Estos factores incrementan el riesgo de que, estando en libertad, vuelva a incurrir en conductas que puedan perjudicar a la víctima y a su entorno cercano.
Entre las evidencias y elementos de convicción recabados por la Fiscalía, además de la denuncia inicial y su ampliación, donde se detallan hechos que podrían encuadrarse en delitos contra la integridad sexual, se encuentran declaraciones testimoniales y las denuncias tramitadas en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N° 3 del Distrito Centro de Salta, las cuales aportan información adicional sobre el contexto y las dinámicas de violencia ejercidas por el acusado.
A la luz de estos argumentos, el fiscal Escalante concluyó que “la liberación del imputado en este momento procesal representaría un peligro irremediable para la producción de pruebas y la seguridad de la víctima, quien ya ha sido objeto de amedrentamientos por parte del acusado”. Por ello, solicitó que se rechace el pedido de libertad y se mantenga vigente la medida de detención.
Detenido tras intentar contactar a su expareja, desobedeciendo medidas judiciales