Explicó que la modificación propuesta a la Ley, consiste en que no puedan ser candidatos aquellos que hayan tenido alguna condena penal confirmada en materia de narcotráfico. Además de los aspectos técnicos de la Ley, hizo hincapié sobre la territorialidad del crimen organizado, el trasvasamiento de las instituciones del Estado y la necesidad de combatir el lavado de activos.
El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, acudió ante la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado a fin de exponer sobre la necesidad de modificar el artículo 1° de la Ley provincial Nº 8.275, conocida como «Ficha Limpia». La modificación propuesta busca prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de narcotráfico o lavado de activos puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales.
La iniciativa, con media sanción de la Cámara de Diputados, agrega un ítem al artículo 1° de la Ley vigente, estableciendo que quienes hayan sido condenados por sentencia judicial en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales por el plazo que dure la condena. Este plazo se computará a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria. En el caso de los condenados que no hayan recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo.
García Castiella explicó que «La propuesta consiste en incorporar al catálogo de delitos contemplados en la ley de Ficha Limpia, la imposibilidad de que sean candidatos a cargos públicos aquellos condenados por delitos vinculados al narcotráfico, según la ley 23.737, y el lavado de activos de origen delictivo».
Destacó la importancia de que la inhabilitación se inicie únicamente cuando la sentencia esté firme, ya que actualmente se cuenta desde la fecha de comisión del delito, lo que hace prácticamente inaplicable la ley porque ese tiempo se consume hasta que llega la confirmación, o sea, la segunda instancia.
Apuntó a esta modificación basada en una necesidad urgente para nuestra sociedad: «Sería muy interesante que, a nivel nacional, dada la diversidad de ideas e iniciativas legislativas existentes, se aborde este flagelo del narcotráfico, que avanza infiltrándose en los Estados y las fuerzas de seguridad. Además de la pena por el delito de narcotráfico, se debería incorporar una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en la ley 23.737. Hasta el momento, nadie ha planteado esto en el Congreso, por lo que sería interesante avanzar en esa línea»- afirmó.
El Procurador resaltó la importancia de prevenir estos problemas, ya que «Existen antecedentes en otras provincias, como Jujuy, donde se ha incorporado la figura de los delitos de narcotráfico en la ley de Ficha Limpia. Este flagelo está causando cada vez más preocupación y acción. Nadie resolverá estos problemas por nosotros; es nuestra responsabilidad tomar medidas preventivas. Los que estamos en ámbitos de toma de decisiones o sugerencias legislativas debemos activar las alertas y alarmas ante situaciones que nos afectan tanto en nuestra provincia como en distintos puntos del país, con diversos niveles de intensidad. Debemos prevenir».
Participaron de la reunión ampliada los senadores Mashur Lapad, Javier Mónico, Jorge Soto, Walter Wayar, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Walter Cruz, Dani Nolasco y Luis Altamirano. Por el Ministerio Publico Fiscal asistieron también el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras y el Coordinador Gral de Fiscales, Pablo Rivero.
