El Juzgado de Primera Instancia de Tartagal impuso una multa de $67.920.000 a Juan José Karlen por incumplir un acuerdo de reforestación de 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente. La fiscal Rosa Velez pidió que los fondos se destinen a la recomposición ambiental y social, incluyendo la creación de viveros y la forestación con especies nativas, como exige la Ley.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente el compromiso de ceder sus pretensiones agropecuarias sobre 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y acordó con la Procuración General de la provincia de Salta un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y extenderse por 30 años.
Los estudios periciales determinaron que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una «Densidad Arbórea de 245 ind/ha y un Área Basal de 10.7 m2/ha». Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental, se clasificaba como en estado «BUENO».
Entre otros objetivos del acuerdo, se contemplaba la creación de un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, la forestación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea y una importante inversión en materia social, incluyendo a comunidades aborígenes y criollas.
Finalmente, en el acuerdo homologado el 3 de diciembre de 2018, se estableció que en caso incurrir en omisiones, la finca quedaría afectada como área protegida privada hasta su total recomposición natural.
Desde entonces, la Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, ha reclamado sistemáticamente el cumplimiento del acuerdo y ha reiterado inspecciones técnicas con personal del CIF, Bosques de la Provincia e INTA, sin resultados apreciables.
Ante esto, la Fiscal, competente en lo ambiental, requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue consentida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1era Nominación del Distrito Judicial Tartagal, intimando a Karlen a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.
La Fiscal solicitó el rechazo del pedido de nulidad de la sanción, argumentando que los demandados han evadido sistemáticamente sus compromisos socioambientales voluntarios, firmes y consentidos, mediante presentaciones capciosas e insustanciales. Sostuvo que no se puede permitir que la contraria reedite cuestiones ya superadas.
El último viernes 30 de mayo de 2024, la Jueza Dra. Viviana Yance resolvió que, como ya hace cuatro años que se intima a la demandada a cumplir cabalmente con su resolución de fecha 3 de noviembre de 2020 sin éxito, corresponde rechazar todos los planteos de nulidades de Karlen. Por ello, ordenó formar expediente de ejecución de la deuda líquida y exigible a diciembre de 2023 por la suma de $67.920.000,00 en contra de la demandada.
Yance indicó en su fallo que no se puede alegar irregularidades en el proceso cuando todas las incidencias planteadas derivan de la falta de cumplimiento en tiempo y forma.
Cabe recordar que la Cámara de Apelaciones de Salta ya había rechazado un recurso de queja de Karlen por declararse la caducidad de instancia el 27 de septiembre de 2023.
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