Está acusado de desviar dinero público a su cuenta bancaria personal, utilizando maniobras de ocultamiento para encubrir sus acciones. La denuncia fue realizada por una funcionaria provincial.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías en turno la elevación a juicio de la causa que tiene acusado al contador público Juan Ramón Maizares, como autor del delito de peculado, habiendo presuntamente sustraído caudales públicos cuya administración le fue confiada por razón de su función.
El requerimiento fiscal afirma que, mediante maniobras de ocultamiento, Maizares desviaba a su propia cuenta bancaria dinero que debía transferir a diferentes proveedores del Estado en pago de sus servicios.
Según la fiscal Salinas Odorisio, el imputado Maizares llegó a ingresar ilegalmente a su cuenta-sueldo la cantidad de $3.665.630,11 pertenecientes al erario, maniobra que intentaba ocultar encubriendo la deuda contraída con unos proveedores, con el pago extemporáneo a otros.
La denuncia de los hechos fue formulada a finales de enero de 2022 por la entonces Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, Lucrecia Fátima Cintioni.
A raíz de la queja de un proveedor que afirmó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que la misma figuraba como emitida por la SAF en una fecha determinada, la funcionaria descubrió que el dinero había sido ingresado a la cuenta personal de Maizares, que unos días después transfirió el pago al proveedor, pero desde su propia cuenta, no desde la cuenta oficial del gobierno.
La investigación fiscal puso de manifiesto al menos ocho maniobras similares, todas ellas ejecutadas con la misma modalidad y, aparentemente, encadenadas unas con otras. Todos los proveedores perjudicados reclamaron en su momento la manipulación de sus transferencias.
Según el escrito de requerimiento de juicio, Maizares desviaba el dinero de forma intencional, para beneficio propio, adulterando para ello un archivo de texto emitido automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable. La adulteración -impercetible, porque Maizares guardaba registros duplicados de los archivos- permitía que las transferencias se redirigieran fraudulentamente a su propia cuenta bancaria, sin dejar huella de la manipulación informática.
La investigación reveló también que el empleado de la tesorería del Servicio de Administración Financiera del Gobierno de la Provincia de Salta, aprovechaba la demora de los bancos en acreditar las transferencias para ocultar sus movimientos ilegales.
Salinas Odorisio solicitó que Maizares sea juzgado y propuso como testigos a la denunciante y a varios de los proveedores afectados.
