En un operativo, se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de La Pedrera, en busca de evidencia relacionada con presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública. La investigación se centra en la posible contaminación y el uso indebido de aguas contaminadas en la producción de hortalizas.
En el marco de una investigación vinculada a presuntas prácticas que podrían poner en riesgo la salud pública, el fiscal penal 5, Federico Jovanovics, integrante de la Unidad Fiscal Ambiental, solicitó al Juzgado de Garantías 7, el registro y allanamiento de un inmueble situado en Ruta Provincial Nº 39, en la localidad de La Pedrera, perteneciente al Departamento Capital. El propósito de esta acción, fue el secuestro de muestras de productos frutihortícolas de la finca señalada, así como la realización de una inspección ocular y documentación de las actividades de riego y producción de hortalizas.
El fiscal Jovanovics consideró crucial la recolección de muestras de las hortalizas producidas en la finca para verificar la presencia de virus, bacterias o parásitos provenientes de las aguas contaminadas, que podrían afectar la salud de la población, la cual fue llevada adelante el día de hoy, estando a cargo de la Unidad Especial de Investigaciones del Cuerpo de Investigadores Fiscales. En el lugar, los ingenieros Leonor Barrenechea y Joel Medina del Laboratorio del CIF, realizaron el levantamiento de muestras de vegetales como lechuga, brócoli, zanahoria y perejil.
Cabe destacar que la Fiscalía Penal Nº 5 fue designada como parte de la Unidad Fiscal por Resolución emitida por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella para proteger y restaurar integralmente la zona geográfica de la subcuenca Arias – Arenales.
El Procurador fue informado por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos, sobre un informe técnico de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento. Según dicha documentación, se verificó la presencia de una toma de agua clandestina en la margen izquierda del Río Arenales, cerca de la Planta Depuradora Sur. Esta toma de agua, utilizada para el riego de hortalizas en la finca mencionada, carece de autorización y representa riesgo de contaminación.
Consta en el informe, que durante la inspección, el propietario de la finca admitió que, debido a la disminución del caudal de sus pozos someros por la crisis hídrica, se estaba bombeando agua desde el río sin contar con los permisos necesarios. Además, se informó que actualmente está en ejecución la obra de Optimización y Ampliación de la Planta Depuradora Sur debido a que su capacidad está superada, lo que contribuye a un alto riesgo de contaminación del Río Arenales.
Los hechos descriptos podrían configurar el delito tipificado en el Artículo 55 de la Ley 24051 en función del Artículo 200 del Código Penal, en su modalidad de contaminación de un modo peligroso para la salud de aguas potables destinadas al uso público.