La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó por el delito de asociación ilícita a los once detenidos en el marco de la investigación iniciada tras distintas denuncias por la entrega irregular de licencias de conducir por parte de la exsubsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta y de la actual Subsecretaría de Movilidad Ciudadana. La fiscal no descartó nuevas detenciones o cambios en la figura de imputación.
Tras los elementos colectados durante la investigación, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke entendió que los detenidos participaron activamente de las maniobras y que no se trató de hechos aislados, ya que surge claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.
Las imputaciones por asociación ilícita recayeron sobre Marianela Castro y César Martín Ganami, quienes participaban en la asociación mediante la captación de ciudadanos que, urgidos de la obtención de las licencias de conducir y a cambio de dinero, lograban obtener turnos con atención inmediata, a través del empleado Alejandro Jorge Soria y de los Inspectores Ricardo Martín Miguel Nina y Julio Federico Barrientos Herrera, quienes también, a sabiendas que dicho otorgamiento es gratuito, obtenían beneficios económicos.
También se tiene por acreditada a prima facie la participación de las examinadoras Carmen Nieves Campos y Gabriela Anahí Dagum, quienes en tal carácter y siendo las encargadas de verificar que los exámenes teóricos fueran rendidos y aprobados como requisito previo e ineludible para continuar el trámite referido, sabían quiénes eran las personas enviadas por Castro y Ganami para que los exámenes no fueran debidamente rendidos. En diversas ocasiones y pese a los errores que no permitían su aprobación, los exámenes eran considerados como aprobados.
Según la fiscal, la intervención de los inspectores Ariel Ramiro Ruiz, Juan Carlos Conte y José Fernando Vieira, no puede separarse de las maniobras llevadas adelante por los otros partícipes, pues a su cargo se encontraba la toma de los exámenes prácticos de manejo, en los cuales surge que las personas que ya se encontraban dentro del circuito, no rendían el examen de manejo o bien, eran firmados directamente a través de la intervención de Castro y Ganami en forma irregular, a cambio de los pagos convenidos.
Por último, el encargado de emitir las licencias de conducir, Javier Fernando Martínez, permitía que las licencias que eran marcadas por los anteriores participantes, a través de su firma, fueran expedidas sin ningún tipo de inconveniente, mientras que en otras oportunidades otorgaba las licencias sin que cumpliera ninguno de los requisitos, como exámenes médicos, teóricos o prácticos, siendo la persona a cuyo cargo se encontraba la clave del sistema.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se produjo tras la denuncia radicada en abril de 2018 por el exdirector general de Asuntos Legales de la Subsecretaría de Transito y Seguridad Vial, Marcelo Cattáneo, quien detectó irregularidades en el predio de calle Artigas al 300, donde en tres planillas de diferentes fechas, se determinó que ingresaron a rendir 29 personas con vehículo y que solo realizaron maniobras 23. Lo mismo ocurrió con conductores de motocicletas.
En tanto, la directora general de Asuntos Legales y Jurídicos de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Claudia Marcela Benavídez, también radicó una denuncia tras advertir una serie de hechos que debían ser investigados.
En este sentido, sostuvo que al tomar posesión del cargo, en setiembre de 2018, advirtió un cúmulo de expedientes en los que se investigaba la emisión de licencias de conducir sin respaldo documental, verificando dos tipos de irregularidades.
La primera, se trata de licencias de conducir sin respaldo documental en las cuales sus titulares no realizaron los estudios médicos y tampoco rindieron los exámenes teóricos y prácticos; mientras que la segunda corresponde a licencias de conducir que cuentan con todas las firmas pero cuya irregularidad se verifica al no haber pasado por algún eslabón del proceso, ya sea el examen médico o bien los exámenes teóricos o prácticos o todos ellos.
Por su parte, el actual subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, expresó que una persona que no quiso identificarse y que desaprobó su examen, le dijo que le parecía injusta la situación porque “en cercanías del edificio de Tránsito una mujer vendía las respuestas de los exámenes”.
Luego logró verificar que una persona que ingresó a tomar el examen tenía en sus manos las respuestas marcadas como correctas y que las personas que le habrían entregado las respuestas correctas, eran una pareja (Castro y Ganami) que cobraba $1500 para ello. Y si no deseaban rendir el examen práctico en el canchón, debían pagar $3000, ya que se encargaban de llevar el formulario y devolverlo firmando.
Cabe destacar que se encuentran pendientes los resultados de diversas medidas para determinar la participación de otras personas en los hechos y la existencia de un perjuicio patrimonial al erario municipal como consecuencia de las maniobras, por lo que la fiscal no descartó nuevas detenciones ni modificaciones en las figuras de imputación.