En una nueva reunión del Consejo Asesor de Fiscales, los integrantes analizaron la disposición de bienes secuestrados para ser afectados en la lucha contra el microtráfico y el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género.
En este marco, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instó a los fiscales a coordinar reuniones con los jueces de Garantías, con el objetivo de establecer un protocolo para el uso de vehículos y dinero secuestrados que serán afectados para combatir el narcotráfico.
Es que desde junio pasado, cuando se promulgaron las modificaciones del artículo 2 de la ley 7782 y de los artículos 5, 23 y 25 de la ley 7838, quedó establecido que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y producto de la venta provenientes de la narcocriminalidad se destinarán a solventar investigaciones de los delitos narcocriminales. También, a la prevención, asistencia y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes.
Para ello, se creará un fondo de garantía, el que estará conformado por un porcentaje de los fondos depositados producto de incautaciones. Hasta junio pasado, el Poder Ejecutivo había estimado unos 5 millones de pesos depositados en una cuenta judicial.
Por otra parte, los consejeros analizaron el uso de pulseras electrónicas en causas de violencia de género. La fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, indicó que en la última partida llegaron de Nación nueve pulseras y advirtió que en lista de espera hay unos 400 casos.
Las pulseras de monitoreo son provistas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde marzo de 2017, cuando se implementó el sistema UNMOVI (Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia) en Salta y otras cuatro provincias elegidas por la cartera nacional.
En la reunión de este viernes, participaron la vicepresidenta del Órgano, la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos y de General Güemes, Pablo Rivero; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.
También estuvieron las fiscales penales 2 y 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández, la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera y la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma. Se sumó por el interior, la fiscal penal de Orán, Mónica Viazzi. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila.
