Se concretó en contra del apoderado legal de Tierra Vasca SA, Diego César Mazzucheli y otros tres empleados. La fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, les imputó el delito de “amenazas con armas de fuego”. Asimismo, desde la Procuración se dispuso la designación de una fiscal de Delitos Económicos Complejos para actuar de manera conjunta en la investigación.
En el marco de las investigaciones que se llevan adelante por denuncias cruzadas entre los propietarios de las fincas Las Botijas y Las Colmenas II, quienes mantienen una disputa por una parcela superpuesta, la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, llevó adelante el 24 de mayo pasado una nueva audiencia de imputación.
Esta vez fue para imputar el delito de “amenazas con armas de fuego” al apoderado legal de la empresa Tierra Vasca SA, propietarios de la finca Las Colmenas II. Se trata de Diego César Mazzucheli, quien fue imputado junto a otros tres empleados de esa firma: Carlos Alberto Quinteros, José Eduardo Montenegro y Rafael Roberto Sales.
La imputación responde a una denuncia radicada por el intendente de Rivadavia, Leopoldo Cuenca, quien además es propietario de la finca Las Botijas, la otra firma que se disputa con Tierra Vasca SA una parcela, litigio que se sustancia en el juzgado Civil y Comercial de Orán, jueza Cristina Barbera, «Tierras Vascas contra Guerra Romero Fidela y otros s/acción real negatoria, Expediente Nº 17.387/2007».
En tanto, dicho conflicto sigue su curso en el fuero civil, propietarios de ambas fincas radicaron denuncias penales cruzadas por usurpación, amenazas y robo, entre otros delitos. Estas denuncias fueron investigadas y, a raíz de las mismas, la fiscalía formalizó dos imputaciones penales contra Mazzucheli y otros empleados, como así también otra más contra Paola Torres y Alberto Martínez, esposa de Cuenca y empleado del intendente.
El caso
La reciente imputación penal, según lo informado desde la fiscalía, surge de la denuncia de Cuenca, radicada el 30 de abril pasado, en la que da cuenta de la irrupción de dos camionetas, en la que se movilizaban entre cuatro y cinco sujetos, quienes llegaron hasta el acceso de la finca en disputa y realizaron una ráfaga de disparos contra una casilla de empleados del intendente.
Cabe mencionar que el sector de la finca en litigio fue, según las denuncia, usurpado en el año 2017 por empleados de Tierra Vasca SA, mientras que en abril pasado, Cuenca fue acusado del mismo accionar, pues tomó posesión de la parcela en conflicto.
Al investigar este nuevo incidente, la fiscalía reunió testimoniales y pruebas que llevaron a formalizar la imputación en contra de Mazzucheli, Quinteros, Montenegro y Sales. En dicha audiencia, el apoderado de Tierra Vasca SA se negó a prestar declaración indagatoria.
Para la fiscalía, existen suficientes elementos de prueba respecto al accionar de los imputados, quienes serían los autores de la incursión denunciada por Cuenca y relatada por uno de sus empleados, quien reveló que el 29 de abril pasado, alrededor de las 23, aparecieron en la finca, sobre la ruta, dos camioneta negras Toyota de las cuales se hicieron disparos que impactaron cerca de la casilla destinada a los peones.
Como prueba de ello, al día siguiente, los empleados recogieron 9 vainas servidas de grueso calibre, las que quedaron bajo secuestro. Al realizar diligencias investigativas, policías de la Brigada de Orán identificaron en la finca Las Colmenas II dos camioneta que tenían pedido de secuestro.
Por quiebra
En vista de ello se procedió al secuestro de dos camionetas, marca Toyota modelo Hilux. Ambos rodados tenían como titular a la firma “ECONOMIA COMERCIAL S.A.”, de seguros generales con domicilio en Capital Federal. Al pedir informes de ambos vehículos se pudo establecer que los dos rodados registraban pedido de secuestro por Quiebra. Pedidos realizados la justicia de Mendoza en los “autos 66218/08 caratulados “AVER. QUIEBRAS” con intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 13.
Otra fiscal
Atento a la complejidad del caso, la Procuración General, a partir de las facultades establecidas en el Código Procesal Penal, dispuso la tarea conjunta de las fiscales penales, Sofía Fuentes, de Pichanal y María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Entre las últimas diligencias, en tanto, la fiscal Fuentes informó la realización de una inspección ocular en la parcela en disputa, oportunidad en la que estuvieron las partes en conflictos. Durante la medida, se recorrió la propiedad y se dispuso que peritos de la policía lleven adelante un minucioso informe de relevamiento de todo lo actuado, el que luego deberá ser elevado a la fiscalía.